Tecnología, vigilancia y justicia: Reino Unido explora implantes con IA para transformar el sistema penal
En un contexto de creciente presión sobre el sistema penitenciario británico y la necesidad de adaptar las políticas de seguridad pública al siglo XXI, el gobierno del Reino Unido ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas tecnológicas que abren un nuevo y controvertido capítulo en la historia del control penal. Entre las ideas discutidas recientemente por representantes gubernamentales y líderes del sector tecnológico destaca una especialmente polémica: la implantación de chips subcutáneos dotados con inteligencia artificial para monitorear y potencialmente predecir crímenes cometidos por personas con antecedentes penales.
La propuesta fue abordada durante una reunión celebrada en Londres, organizada por la asociación Tech UK, que reunió a más de 20 compañías tecnológicas de renombre internacional, entre ellas Google, Microsoft, Amazon, IBM y Palantir, además de firmas especializadas en biometría y operadores privados de prisiones como Serco. La anfitriona del encuentro fue la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, quien ha impulsado esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia destinada a reducir la población carcelaria y mejorar el monitoreo de quienes cumplen penas fuera de prisión.
El gobierno británico, bajo el liderazgo del primer ministro Keir Starmer, ha expresado su intención de modernizar radicalmente los servicios públicos mediante el uso intensivo de tecnologías emergentes, y el sistema judicial no ha quedado fuera de esta visión. Según declaraciones de la ministra Mahmood, el objetivo es explorar soluciones innovadoras para abordar la creciente crisis penitenciaria del país. No obstante, las propuestas han generado controversia tanto por su viabilidad técnica como por sus implicaciones éticas y legales.
Más allá de la vigilancia pasiva, el enfoque propuesto plantea un modelo de justicia predictiva. En este marco, se prevé el uso de superordenadores para analizar grandes volúmenes de datos históricos relacionados con delitos y condenas, con el fin de identificar patrones de comportamiento y anticipar posibles riesgos de reincidencia. Algoritmos de aprendizaje automático podrían asignar "índices de peligrosidad" y recomendar medidas preventivas antes de que ocurran nuevos crímenes, una idea que, aunque atractiva desde el punto de vista de la prevención, entra en una zona gris legal y filosófica.
Entre los aspectos más delicados de esta propuesta se encuentra la idea de implantar chips subcutáneos en personas con antecedentes penales, lo que permitiría un rastreo en tiempo real de su ubicación, hábitos y posiblemente incluso reacciones fisiológicas. Esta clase de dispositivos, integrados con sistemas de inteligencia artificial, podrían alertar a las autoridades ante comportamientos considerados sospechosos o potencialmente peligrosos, basados en modelos de predicción aún en discusión.
Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos civiles como Foxglove han manifestado una profunda preocupación por las consecuencias de aplicar tecnología de vigilancia y predicción en el ámbito judicial. Según Donald Campbell, portavoz de la organización, estas propuestas no solo podrían vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia, sino también reforzar desigualdades sociales si los algoritmos utilizados reproducen sesgos existentes en los datos con los que fueron entrenados.
La posibilidad de que un sistema automatizado determine medidas judiciales o condiciones de libertad vigilada, con base en cálculos estadísticos de propensión al delito, despierta temores de un autoritarismo algorítmico. A esto se suma la preocupación por la creciente influencia de las grandes corporaciones tecnológicas en la elaboración de políticas públicas sensibles, especialmente cuando su participación no se limita al desarrollo de herramientas, sino que llega a influir en las decisiones sobre su implementación.
James Timpson, ministro de Prisiones, ha defendido públicamente el plan, argumentando que el uso de inteligencia artificial no solo es inevitable, sino deseable para hacer más eficiente y justo el sistema penitenciario. Timpson sostiene que, si se aplica con las garantías adecuadas, esta tecnología puede ayudar a personalizar la rehabilitación de los delincuentes, reducir la reincidencia y aliviar la carga del sistema judicial tradicional.
No obstante, el debate está lejos de concluir. Se espera una segunda reunión esta semana, en la que las empresas tecnológicas participantes presentarán nuevas propuestas y desarrollos durante sesiones de exposición de veinte minutos. En paralelo, diversos colectivos sociales y jurídicos preparan informes y campañas para alertar sobre los riesgos de una tecnocracia punitiva que, según ellos, podría convertir la justicia en un proceso automatizado carente de empatía, contexto o matices humanos.
El Reino Unido, históricamente pionero en materia de vigilancia pública —recordemos que Londres fue una de las primeras ciudades en implementar un sistema de cámaras de circuito cerrado a gran escala—, se encuentra ahora en una encrucijada moral y política. El equilibrio entre innovación tecnológica y derechos humanos nunca ha sido tan delicado. La posibilidad de transformar delincuentes en sujetos permanentemente vigilados mediante dispositivos implantables con capacidad predictiva reabre viejos dilemas sobre libertad, dignidad y control estatal en la era digital.
Mientras tanto, la sociedad observa con atención. Lo que hoy parece una propuesta experimental podría convertirse mañana en política pública, marcando un antes y un después en la forma en que los gobiernos del mundo conciben la justicia, la vigilancia y el papel de la inteligencia artificial en las decisiones que afectan directamente la vida de las personas.
Fuente ⬇️
The Guardian – Tech firms suggested placing trackers under offenders' skin at meeting with justice secretary
